Desde el Consultorio Jurídico

En desarrollo de la Alianza en Derechos Humanos, las profesoras del Departamento de Prácticas y Consultorio Jurídico, Diana Carolina Sánchez y Viviana Higuita Ortega, y las estudiantes Carmen Álvarez y Sara Mejía, quienes participaron en la elaboración del Informe Alterno sobre los Derechos de los niños y niñas en Colombia, asistieron a la socialización de las recomendaciones que hizo la Comisión de los Derechos del Niño, evento realizado en Bogotá.

Las mismas profesoras asistieron a las discusiones que sobre el tema se tuvieron durante el foro “El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y su incidencia en la protección de los derechos de los niños en Colombia: Oportunidades y retos”, realizado en la Universidad Católica de Oriente ubicada en Rionegro.

El INCODER y el Banco Agrario deberán garantizar una habitación digna al señor Marco Fidel Chavarría Jiménez, desplazado por la violencia del municipio de Ituango desde el 2002 y reubicado en un predio de la finca la Argentina en Nariño, hasta tanto se consolida el subsidio de vivienda que le fue asignado. Así lo ordenó el fallo de tutela emitido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia sala Civil Familia, al confirmar la decisión del Juzgado Promiscuo de Familia de Sonsón. Él es una de las personas que está siendo acompañada por los estudiantes de Derecho en la regional de Sonsón, en la dignificación de la habitación de 25 familias reubicadas por el INCODER en los predios el Arrayán y la Argentina de Nariño.

Ocho estudiantes de la práctica de Derecho Público se desplazaron hasta el asentamiento Nueva Jerusalén, donde este año tuvieron la primera brigada descentralizada de atención jurídica a víctimas; actividad que estuvo acompañada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Durante la brigada de todo un día fueron atendidas alrededor de 70 personas. Allí se elaboraron 50 documentos jurídicos entre derechos de petición, acciones de Tutela e incidentes de cumplimiento y desacato, para que los usuarios exijan  el cumplimiento de sus derechos como víctimas del conflicto armado.

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