Conversatorio sobre Decreto 600 de 2017

Con la intención de informar sobre una nueva reglamentación y proponer un análisis crítico acerca de esta, se llevó a cabo el conversatorio “Decreto 600 de 2017: ¿Un retroceso en garantía de los derechos de las víctimas?”, por parte del equipo proyecto Buppe: pensión especial de invalidez como medida de reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano: presupuesto de garantía de sus derechos fundamentales.

Este evento, realizado el 15 de mayo en el auditorio de la Facultad Nacional de Salud Pública, tuvo como objetivo mostrar cómo un nuevo decreto, expedido por el Gobierno Nacional, es un detrimento para las garantías adquiridas por los sujetos víctimas del conflicto armado que, como consecuencia de él, quedaban con alguna secuela que los incapacitara para laborar.


Lina María Oquendo, quien hace parte del Centro de Atención Jurídica a Víctimas del Conflicto Armado, comenta que durante la exposición se hizo referencia a cómo las personas víctimas podían buscan, antes del decreto, una pensión por invalidez como medida reparadora por el hecho victimizante, pero que a partir de ahora deben buscar no una pensión, sino una “prestación humanitaria económica”.


Esta nueva situación, añade, “le cambia la figura o la naturaleza a esa medida, es decir, la ley establece que una pensión, al pertenecer al Sistema General de Seguridad Social tiene unos recursos comprometidos y que siempre se tienen que garantizar partidas presupuestales para otorgarlas, en cambio, con el Decreto, ya no se habla aquí de pensión, se habla de una prestación humanitaria económica, entonces le están quitando ese blindaje que tiene la pensión, porque otro de los asuntos que establece el decreto es que dependerán los recursos del presupuesto nacional del Gobierno para reconocer esa prestación; entonces, las personas que están en una mayor condición de vulnerabilidad como son las víctimas que además de ese hecho victimizante tienen que soportar una discapacidad o una invalidez que no les permite acceder al mercado laboral, van a quedar en un riesgo total, en un riesgo evidente, por eso consideramos que se presenta un detrimento y redirección frente a derechos que ya se habían ganado y que las víctimas ya habían ganado”.

Otro de los aspectos a considerar es el obstáculo que supondrá a partir de ahora para quienes busquen adquirir esta prestación, que deberán hacerse evaluar por parte de las juntas de calificación de invalidez, para que estas determinen la pérdida de capacidad laboral. Esto, explica la profesora Lina Oquendo,  “requiere unos gastos porque esas juntas están compuestas por médicos, abogados, psicólogos, son comités donde  estudian la historia clínica del paciente y determinan si sí hay una pérdida superior al 50% de la capacidad laboral o no, y ellos tienen que cobrar un smlmv para dar el dictamen.

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