Conversatorio sobre procesos de paz en el país

En estos casos especiales de personas víctimas del conflicto, el Decreto dice que lo deben hacer las Juntas, pero no dice quién va a asumir esos costos porque estamos ante una población totalmente vulnerable, esas personas no tienen ese dinero para pagarse un dictamen”. Eso de cierta forma deja a las víctimas en el aire, sin la certeza de si sí tendrán que asumir ese costo y, en caso de tener que hacerlo, es una cuestión previsible que estas personas que están en una situación económica deplorable no tendrán los recursos para hacerlo.


Finalmente, se estudió el Artículo 2.2.9.5.2. del decreto 600 de 2017, acerca del ámbito de aplicación, ya que este determina que solo “aplica a las víctimas que con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 418 de 1997, es decir el 26 de diciembre de 1997”, lo cual es un límite temporal que es regresivo en términos de garantías para las víctimas. Explica Oquendo que “las personas que sufrieron un hecho victimizante antes de 1997 y que hoy no pueden trabajar por su discapacidad, por su invalidez, no podrán acceder a la pensión especial de invalidez ni a esa prestación humanitaria económica y eso atenta contra el derecho a la igualdad, por lo cual se está pensando en presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de ese Decreto, desde el Centro de Atención Jurídica a Víctimas del Conflicto Armado en el marco del Proyecto Buppe, que se trabaja con la Facultad Nacional de Salud Pública”.

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